El Juzgado 2 de Carmona los cita a declarar el próximo 21 de marzo mientras que el regidor sigue sosteniendo su inocencia.
Tras el recurso del PP contra el sobreseimiento provisional en marzo pasado del denominado Caso de los Contratos al que se enfrenta el alcalde de Mairena del Alcor, Antonio Casimiro Gavira, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carmona lo reabrió a finales del pasado mes de diciembre, por lo que para el próximo 21 de marzo a las 12,30 del mediodía está citado a declarar el regidor junto a tres de sus concejales y miembros del gobierno socialista de la localidad: Manuel Ortega, Santiago Ortega, y Antonio Soria. El caso, por tanto, se amplía ahora afectando a cuatro ediles, quienes declararán en relación a una serie de contratos laborales supuestamente partidistas y en fraude de ley, que el Ayuntamiento vino realizando desde finales de los años 90. De esta modalidad de acceso laboral se beneficiaron militantes socialistas de la localidad y familiares de cargos públicos, según cita la demanda judicial.
El caso, por tanto, se halla en fase de diligencias previas, en la que también testificará el portavoz del PP en el pleno mairenero, Juan Galocha, como representante del grupo denunciante. Todo después de que el equipo de gobierno de Mairena del Alcor efectuara un gran despliegue meses atrás congratulándose por la paralización provisional y cargando contra los medios informativos que se hicieron eco de la noticia. Sin embargo, en el auto, fechado el pasado 30 de diciembre pero que no se conoció hasta bien entrado el mes de enero, el titular del juzgado que acoge el caso sostiene que “tras un nuevo y pormenorizado examen de las pruebas hasta ahora practicadas, fundamentalmente, la documentación obrante en los autos y el informe de la Secretaría del Ayuntamiento de Mairena del Alcor debe reconsiderarse la inicial decisión de sobreseimiento provisional ya que efectivamente, hay indicios suficientes de hechos que, de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación”.
Son, en suma, la base razonada del juez, incluso recalcada en el documento en lo referido a la existencia de “elementos suficientes para imputar un delito de prevaricación al alcalde mairenero, quien suscribió la mayor parte de los contratos”. Aunque extiende esa significación a “otros funcionarios con capacidad de representación de la Corporación”, en alusión al primer teniente de alcalde, Santiago Navarro, al segundo teniente de alcalde, Antonio Soria, o al edil Manuel Ortega, en virtud a diversas contrataciones que –se indica- no se sujetaron a la normativa establecida. Por otra parte, la Justicia pide ampliar las diligencias a otros requisitos documentales que habrá que recabar a la Seguridad Social y al mismo Consistorio.
Tras el recurso del PP contra el sobreseimiento provisional en marzo pasado del denominado Caso de los Contratos al que se enfrenta el alcalde de Mairena del Alcor, Antonio Casimiro Gavira, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carmona lo reabrió a finales del pasado mes de diciembre, por lo que para el próximo 21 de marzo a las 12,30 del mediodía está citado a declarar el regidor junto a tres de sus concejales y miembros del gobierno socialista de la localidad: Manuel Ortega, Santiago Ortega, y Antonio Soria. El caso, por tanto, se amplía ahora afectando a cuatro ediles, quienes declararán en relación a una serie de contratos laborales supuestamente partidistas y en fraude de ley, que el Ayuntamiento vino realizando desde finales de los años 90. De esta modalidad de acceso laboral se beneficiaron militantes socialistas de la localidad y familiares de cargos públicos, según cita la demanda judicial.
El caso, por tanto, se halla en fase de diligencias previas, en la que también testificará el portavoz del PP en el pleno mairenero, Juan Galocha, como representante del grupo denunciante. Todo después de que el equipo de gobierno de Mairena del Alcor efectuara un gran despliegue meses atrás congratulándose por la paralización provisional y cargando contra los medios informativos que se hicieron eco de la noticia. Sin embargo, en el auto, fechado el pasado 30 de diciembre pero que no se conoció hasta bien entrado el mes de enero, el titular del juzgado que acoge el caso sostiene que “tras un nuevo y pormenorizado examen de las pruebas hasta ahora practicadas, fundamentalmente, la documentación obrante en los autos y el informe de la Secretaría del Ayuntamiento de Mairena del Alcor debe reconsiderarse la inicial decisión de sobreseimiento provisional ya que efectivamente, hay indicios suficientes de hechos que, de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación”.
Más aún, el documento judicial indica que del informe de la Secretaría municipal y de los expedientes de contratación que se han analizado se desprende que hay “contrataciones de personal laboral prescindiendo total y absolutamente de procedimiento de selección”, y en algunas ocasiones también “de las propuestas elaboradas por los equipos técnicos del Ayuntamiento”. Las relaciones de parentesco son asimismo señaladas por el auto judicial, llegando éste a ilustrar ejemplos de anomalías en las contrataciones en lo relativo a parentescos entre algunos concejales y contratados, sin proceso de selección previo y anteponiéndose a otros trabajadores que habían desempeñado las mismas funciones con anteriorid
ad y que conocían bien su ámbito de actuación, por lo que habían sido propuestos. Esa misma tipología de contrataciones son igualmente advertidas por el juez en su auto en lo relativo a contratos que vinculaban al Ayuntamiento de Mairena del Alcor con afines y afiliados del PSOE.
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